Videovigilancia urbana: ¿Herramienta de prevención del delito o control social?

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Presentación y aporte de la obra

La ciudad videovigilada ofrece una radiografía histórica y normativa del uso de las cámaras de seguridad como política pública orientada al tratamiento de la delincuencia. La videovigilancia como tema central de la investigación, tiene el potencial para abrir cuestionamientos pertinentes para la Criminología, el Derecho, la Antropología y la Economía. Este trabajo integra en su investigación los discursos sociales y políticos de la Prevención Social de la Delincuencia aterrizados en una herramienta tecnológica de respuesta inmediata: la cámara.

Este libro aporta un estudio empírico que fortalece la línea argumentativa de la prevención de la delincuencia mediante el diseño medioambiental (CPTED por sus siglas en inglés). Esta corriente criminológica, liderada por autores clásicos como Ronald Clarke, Oscar Newman y Ray Jeffery, comenzó a desarrollar este cuerpo de literatura desde principios de 1980 y ha adquirido relevancia política dado que toma las nociones de elección racional y distribución espacial de los delitos. La propuesta de Carmina Jasso es un aporte contemporáneo y enriquecido de esta corriente a través del concepto de vigilancia dirigida (Clarke, 1980).

La vigilancia dirigida, mayormente estudiada y criticada por Clarke (1980), se refiere a pensamientos del delito que lo postulan como el resultado de elecciones inmediatas de la persona delincuente. La idea de que la delincuencia puede prevenirse reduciendo las oportunidades y aumentando los riesgos de castigo, aunque para muchos autores es considerada una visión simplificada del comportamiento humano, es una posibilidad práctica para lograr un mayor cumplimiento de la ley, además de ser un espacio para la aplicación de políticas públicas consideradas como exitosas.

La autora explica cómo la captura de hechos delictivos a través de la cámara no es un fenómeno común pues depende en gran medida de la capacitación de personas operadoras de esta tecnología, lo cual resalta la importancia de entender la aleatoriedad de los fenómenos delincuenciales y de atender la urgente profesionalización de los servicios de seguridad ciudadana. Ambas explicaciones conducen a las propuestas de la autora, entender los efectos de la videovigilancia en las comunidades urbanas; analizar de manera crítica cómo los discursos electorales pueden reducirse a la colocación de cámaras de videovigilancia, y, la necesidad social de construir políticas públicas comprometidas con el entendimiento científico-social de la violencia y la delincuencia.

Enfoque teórico y metodología

A través de los cinco capítulos que conforman el texto, la autora reflexiona de manera crítica el alcance de teorías de la Criminología Ambiental, como la acción racional, la prevención situacional, las actividades rutinarias, los patrones delictivos, y los espacios defendibles. Con una metodología mixta consistente en el análisis de correlación lineal de datos estadísticos, entrevistas a ciudadanía y servidores públicos de Centros de Control y Comando de la Ciudad de México, hace un análisis espacial de cinco colonias: dos en la Delegación Iztapalapa, Nueva Rosita y Zacahuitzco; una en la delegación Benito Juárez, Zacahuitzco, homologa pero diferente de la perteneciente a Iztapalapa; una más en la delegación Álvaro Obregón, Lomas de San Ángel Inn, y; en la delegación Cuauhtémoc, la colonia Doctores. En ellas contextualiza las dinámicas de videovigilancia como mecanismos de participación ciudadana.

Tipología de cámaras y transterritorialización

Carmina Jasso identifica tres tipos de cámaras en las cinco colonias de la Ciudad de México analizadas:

• Cámaras públicas: adquiridas con recursos públicos para proteger propiedad pública y privada.
• Cámaras privadas: adquiridas con capital privado para resguardar espacios privados, incluidos accesos y fachadas.
• Cámaras híbridas: financiadas con presupuesto público, pero gestionadas por la ciudadanía para vigilar espacios públicos y privados.

Esta tipología surge del fenómeno de la transterritorialización, entendido como el uso de tecnologías de videovigilancia para monitorear y controlar movimientos entre territorios, barrios, fronteras vecinales y espacios públicos y privados. El proceso puede incluir reconocimiento facial e identificación biométrica para rastrear a las personas en distintos espacios.

La autora argumenta que la transterritorialización puede tener implicaciones sociales y políticas significativas, incluyendo el potencial de una mayor vigilancia y control sobre sujetos “sospechosos", construidos desde la marginación. Con esto propone la comprobación de las hipótesis clásicas de las teorías más relevantes de la Criminología Ambiental. Si entendemos por criminología ambiental al estudio de las relaciones entre el medio ambiente físico y social, a partir de su influencia en la ocurrencia e impacto de los delitos (Brantingham & Brantingham, 1984, p.1), es plausible pensar en que la colocación de las cámaras en un espacio público tiene un efecto en la dinámica delictiva.

Videovigilancia y teoría de los espacios defendibles

Una de las explicaciones teóricas más relevantes para analizar al fenómeno de videovigilancia enmarcadas en esta corriente criminológica es la teoría de los espacios defendibles. Esta teoría, desarrollada por el arquitecto y urbanista Oscar Newman en la década de 1970, considera que un espacio puede ser defendible si cumple con ciertas características: visibilidad, legibilidad, accesibilidad y mantenimiento (Donnelly, 2010). La autora hace una descripción detallada de las cinco colonias bajo las características clásicas de esta corriente.

La obra utiliza cuatro características para analizar la capacidad defensible de un espacio vigilado:

• Visibilidad: permite observar y reportar actividades consideradas sospechosas.
• Legibilidad: mediante señalización clara, comunica las normas y los límites del lugar.
• Accesibilidad: facilita el acceso a las imágenes de videovigilancia y a los espacios protegidos.
• Mantenimiento: asegura el funcionamiento de los equipos y las condiciones del entorno para que el sistema de seguridad sea efectivo.

La teoría de los espacios defendibles sostiene que, al diseñar espacios, se pueden reducir las oportunidades para la delincuencia y aumentar la seguridad en general (Newman, 1972). Según esta teoría, estos espacios pueden ser construidos, mantenidos y defendidos por los residentes, quienes tienen un mayor interés en la seguridad de su comunidad. La autora señala que muchos de los proyectos presentados por las agrupaciones de colonos para financiamiento en el periodo de estudio se enfocaron en mejorar los espacios públicos a través de equipos, infraestructura y servicios.

Efectos sociales de la videovigilancia

La investigación destaca la naturaleza compleja y multifacética de la videovigilancia urbana, la importancia de la participación pública y las iniciativas comunitarias para recuperar y mantener los espacios. A partir del estudio de las cinco colonias, se identifican cinco efectos sociales:

1. Desplazamiento de la delincuencia de zonas con videovigilancia hacia zonas sin cámaras. La instalación de equipos puede reducir delitos en un área concreta, pero también trasladar la actividad delictiva hacia lugares menos vigilados. Desde la teoría de la elección racional, este fenómeno implica cambios en la ubicación o en el tipo de delito como respuesta a las medidas preventivas.
2. Convergencia de distintos tipos de videovigilancia y disputas por su control. La coexistencia de cámaras públicas, privadas e híbridas puede generar conflictos entre dependencias gubernamentales, policías, autoridades locales, residentes y organizaciones vecinales respecto del uso de la tecnología, la privacidad y el potencial abuso de las imágenes.
3. Desplazamiento de la demanda de videovigilancia de un barrio a otro. Cuando una zona vigilada registra una disminución delictiva y las áreas cercanas muestran un aumento, se produce una redistribución de la demanda de seguridad. La densidad poblacional y las zonas de transición entre barrios dificultan la organización colectiva. Entre las soluciones analizadas se encuentran la videovigilancia inteligente —reconocimiento facial y análisis de datos— y la coordinación entre barrios, medidas que también exigen regulación de la imagen personal, coordinación interinstitucional y profesionalización policial.
4. Potencial aumento de la sensación de seguridad. Las entrevistas realizadas en las cinco colonias muestran que la videovigilancia puede reducir el miedo al delito, fortalecer la confianza en la seguridad pública y favorecer la colaboración entre residentes y policía.
5. Potencial aumento de la desconfianza y la enajenación. El monitoreo constante puede producir incomodidad, sensación de invasión a la privacidad y percepción de sospecha permanente. Las comunidades históricamente marginadas pueden ser especialmente vulnerables a la estigmatización, la discriminación y el perfilamiento racial.

Dentro del texto la autora va tejiendo el argumento sobre la desconfianza. La videovigilancia constante puede hacer que las personas residentes se sientan incómodas y vigilados en todo momento, lo que puede generar un aumento en la sensación de invasión de la privacidad. Además, puede hacer que la ciudadanía se sienta como si estuviera bajo sospecha constante, incluso si no han cometido delito alguno.

Aunado a ello, la autora detecta cómo las comunidades marginadas pueden ser particularmente vulnerables a la percepción de monitoreo constante debido a la discriminación y el perfilamiento racial. La videovigilancia puede hacer que las comunidades históricamente marginadas se sientan aún más estigmatizadas y vigiladas, lo que puede generar una mayor desconfianza hacia las autoridades y un aumento en la marginación social. La autora brinda herramientas conceptuales y metodológicas para explorar algunas paradojas de la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. Carmina Jasso estima que en la Ciudad de México existen alrededor de medio millón de cámaras de videovigilancia, públicas, privadas e híbridas; y a pesar de ello, la incidencia delictiva va en aumento y desplazándose territorialmente hacia territorios no vigilados. Ante este hecho, ella hace un llamado a la formulación de políticas relacionadas con la videovigilancia desde el abordaje de manera participativa y acompañada de profesionalización integral de los servicios de seguridad.

Implicaciones para las políticas públicas

Las reflexiones de Jasso tienen una implicación poderosa para los diseñadores de política pública: un llamado a comprometerse con las comunidades y las partes interesadas para comprender sus necesidades e inquietudes, e involucrarlos en el diseño e implementación de sistemas de videovigilancia. Adicionalmente, Jasso pone sobre la mesa las consideraciones éticas y científicas de los resultados de la videovigilancia, así como la necesidad de enfoques específicos de contexto que tomen en cuenta los factores sociales y culturales que configuran las actitudes hacia estas tecnologías. En general, la autora sugiere que la formulación de políticas relacionadas con la videovigilancia debe guiarse por principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

Balance, limitaciones y gobernanza urbana

El libro de Carmina Jasso destaca la naturaleza compleja y multifacética de la videovigilancia en las zonas urbanas, y la necesidad de un mayor compromiso público y participación en el diseño e implementación de estos sistemas. La investigación de la autora sugiere como conclusión que la videovigilancia no es una solución única al crimen y la violencia en áreas urbanas, y que se necesitan enfoques más matizados y específicos del contexto. En este libro se señalan preocupaciones sobre la efectividad de la videovigilancia para disuadir la delincuencia, así como preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles. En general, enfatiza la importancia de involucrarse con las comunidades para comprender sus necesidades e inquietudes, y la necesidad de enfoques más colaborativos y participativos para la gobernanza urbana.

La videovigilancia no es una solución perfecta para el problema del delito y la seguridad. La videovigilancia puede ser costosa y no siempre es efectiva en la prevención del delito. La autora argumenta que la videovigilancia puede crear una falsa sensación de seguridad y, en última instancia, no aborda las causas subyacentes del delito. Y en este punto se encontrará la limitación de la obra, el hecho de que se enfoca en un número limitado de barrios en la Ciudad de México, presenta la limitación de no ser necesariamente generalizable a otras áreas o contextos urbanos.

Líneas futuras de investigación

La obra propone ampliar la investigación en los siguientes ámbitos:

• Profundizar en los factores sociales y culturales que configuran las actitudes ciudadanas hacia la videovigilancia.
• Estudiar el potencial de los enfoques comunitarios y participativos para la gobernanza de los sistemas de vigilancia urbana.
• Analizar las implicaciones éticas de las cámaras sobre la privacidad, las libertades civiles y otros derechos fundamentales.
• Investigar cómo la videovigilancia puede utilizarse como instrumento de control social y reforzar estructuras de poder y desigualdades urbanas.

Interrogantes finales

Es importante considerar estas preocupaciones de privacidad y confianza para garantizar que la videovigilancia se implemente de manera efectiva y ética en las ciudades. A manera de externalidad del uso de las cámaras de videovigilancia, la transterritorialidad provoca un grado de disputa virtual por el territorio dados los usos y posibles usos del material videograbado: ¿hasta dónde llega el derecho a la privacidad de los múltiples rostros que capta la cámara? ¿un recurso material adquirido con presupuesto público para la vigilancia del espacio público ¿existen razones válidas para colocarse en espacios privados?, son algunas interrogantes para continuar con la propuesta de investigación de Carmina Jasso.