Reseña: Érase un país verde olivo. Militarización y legalidad en México

Resumen

Palabras clave:

Abstract

Keywords:

Texto completo

Cuando se habla de militarización en los medios mexicanos, el discurso suele señalar al gobierno en turno por impulsar iniciativas que fortalecen a los cuerpos militares a costa de los civiles. O en todo caso, que llaman a los primeros a subsanar la incompetencia o debilidad de los segundos. Sin embargo, en Érase un país verde olivo, las y los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explican que la militarización de México precede por más de un siglo los los sexenios de López Obrador, Peña Nieto e incluso Calderón Hinojosa. Así, la militarización ha sido un proceso largo, deliberado y sistemático en el que los tres niveles de gobierno han tenido un rol importante en dotar a los militares de un marco normativo que avale sus nuevas y cada vez más extensas funciones.

Los autores describen los esfuerzos de este libro como un “llamado de atención sobre la relevancia y las implicaciones de las decisiones de política pública que involucran a las Fuerzas Armadas en México” (p. 18). Así, su objetivo es situar la actuación de las autoridades militares y civiles —y la configuración del equilibrio entre estas— en su contexto histórico, jurídico y político. A través de cinco capítulos, Garza Onofre et al. nos llevan en un recorrido por el devenir histórico de las fuerzas castrenses y policiales, el marco constitucional, legal y jurídico que han regulado a dichas instituciones, las condiciones fácticas en las que han operado y el discurso que las ha sostenido.

Primer capítulo: trayectoria histórica del Ejército

En el primer capítulo, los autores explican que el Ejército mexicano es distinto a los demás porque su razón de ser —definida muy pronto en el proceso revolucionario— es proteger al Estado de amenazas internas. Además, desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (luego PRI), el Ejército formaba una parte integral del partido oficial; por lo que su obediencia al presidente ha estado históricamente por encima de la Constitución. Así, fue utilizado en los distintos periodos para pacificar al país, garantizar la institucionalización y continuación del PRI como partido hegemónico, y reprimir a los opositores al modelo de “desarrollo estabilizador”. Con la transición a la democracia, el Ejército siguió teniendo un papel relevante sobre todo en tareas de seguridad pública, el combate al narcotráfico y el apoyo en catástrofes naturales. Es decir, de manera históricamente contradictoria, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para reprimir y proteger.

Segundo capítulo: abandono de las policías civiles

En el segundo capítulo, los autores exponen que el proceso de militarización solo ha sido posible por el menosprecio paralelo de los cuerpos policiales. El argumento central del capítulo es que “las falencias de los cuerpos policiales no se explican solo por la intervención de los militares en tareas de seguridad, sino por la falta de una concepción de la función policial en el Estado mexicano y, por ende, de una regulación jurídica acorde con esa función” (p. 48). Aunado a esto, la herencia autoritaria de las policías y la ausencia de una reforma estructural que tuviera como objetivo su capacitación e institucionalización fueron obstáculos para su legitimación. Así, a pesar de una serie de reformas constitucionales que creaban nuevos cuerpos de seguridad y buscaban dotar de carácter civil a la seguridad pública, “en la realidad la respuesta a los retos de seguridad pública en México osciló entre la opción militar (al margen de la ley y a la sombra del autoritarismo) y las policías incapaces” (p. 59). Paradójicamente, a pesar del sistemático y deliberado abandono de las policías, la justificación para el uso del Ejército y la Marina en funciones de seguridad típicamente ha sido la incapacidad de las fuerzas civiles para hacer frente a la violencia.

Tercer capítulo: marco constitucional y jurídico

En el tercer capítulo, los autores establecen las premisas constitucionales que subordinan a las autoridades militares a las autoridades civiles federales. Posteriormente, presentan las convenciones y sentencias condenatorias internacionales que insisten en la incompatibilidad de la función militar con las tareas de seguridad pública. Finalmente, exponen los tres momentos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para la regulación de la militarización de la seguridad pública. Estos fueron la acción de inconstitucionalidad 1/1996 y la derivada jurisprudencia P./J. 38/2000 que permitían la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles; la fallida Ley de Seguridad Interior; y la más reciente, la Ley de la Guardia Nacional.

Cuarto y quinto capítulos: expansión de la militarización y militarismo

El cuarto y quinto capítulo están dedicados a la militarización llevada a cabo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El cuarto describe la expansión de la militarización más allá de las labores de seguridad pública. Así, a pesar de que la Guardia Nacional es constitucionalmente una fuerza civil, de facto es una fuerza militarizada que participa —junto con la Fuerza Armada permanente— en tareas de investigación y en funciones que tienen que ver con el control de ingreso, tránsito o salida de personas y mercancías del territorio. Los mecanismos utilizados para esta transferencia de funciones fueron la instrucción presidencial directa, el uso expansivo y discrecional del concepto de seguridad nacional que estableció un régimen de excepción administrativo, y el uso de la Guardia Nacional como un medio indirecto para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas permanentes en funciones civiles.

Finalmente, el quinto capítulo diserta sobre la relación entre militarismo y populismo. En el caso mexicano, la reivindicación del Ejército y la Marina como “pueblo uniformado” ha sido una estrategia muy útil para justificar su participación en funciones civiles por ser fuerzas moralmente superiores, incorruptibles y apolíticas. No obstante, la militarización de la seguridad pública representa un obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad (Morales & Pérez, 2015). Esto implica un desdibujamiento de la frontera entre la normalidad y la excepcionalidad, la normalización del uso desproporcionado de la fuerza, y la obstaculización para pensar otras concepciones y estrategias de seguridad. Además, el militarismo viene acompañado por una exaltación y promoción de valores militares que permean en la esfera civil. Así, el militarismo prioriza la “opacidad en vez de apertura, obediencia en lugar de diálogo, castigo antes que cooperación y subordinación en vez de libertad” (p. 141). Aún más, la militarización y el militarismo tienen un impacto en la configuración y los niveles de violencia. Diversas investigaciones han demostrado que la militarización tiene un efecto en los asesinatos violentos con arma de fuego en la vía pública y en los hogares, con un impacto diferenciado en las mujeres jóvenes (Data Cívica y CIDE, 2020), la violencia doméstica (Goodmark, 2015; González, 2023) y en los asesinatos violentos de mujeres (Atuesta y Vela, 2020). En consecuencia, el discurso militarista y la lógica combativa de la militarización han generado una ola de violencia que sigue al alza y afecta de manera desproporcionada a los grupos vulnerables como las mujeres.

Finalmente, los autores concluyen el libro con tres reflexiones para pensar el presente e imaginar el futuro:

1. Mientras los cuerpos policiales civiles no sean tomados en serio, el panorama difícilmente empezará a cambiar; por ello es necesario fortalecerlos desde una óptica integral y federalista.
2. Iniciar un proceso de desmilitarización implica generar controles democráticos en cada una de las áreas que han sido ocupadas por las Fuerzas Armadas.
3. Es indispensable abandonar socialmente el discurso militarista para recuperar el lenguaje de los derechos, las libertades, la democracia, la igualdad y la inclusión.

Valoración final de la obra

Leer Érase un país verde olivo en tiempos de incertidumbre política es muy importante por tres razones. A pesar de los altos niveles de aprobación que tienen las Fuerzas Armadas en el país, todavía estamos a tiempo para darnos cuenta de que su intrusión en funciones civiles ha tenido y sigue teniendo consecuencias fatales para la ciudadanía y la gobernanza democrática de la seguridad. En ese sentido, entender el proceso histórico y jurídico por el cual las Fuerzas Armadas han logrado posicionarse como un actor hegemónico en la provisión de seguridad nos permite entender que no es un hecho nuevo ni inevitable, sino que ha sido la consecuencia de una serie de acciones y omisiones que deben ser remediadas si queremos revertir este proceso. Así pues, en la esperanza de los autores, podemos encontrar los ánimos para comenzar a pensar y exigir nuevas formas de ejercer y concebir la seguridad. Es decir, podemos comenzar por pensar en un concepto de seguridad que nos permita transitar de un modelo de seguridad punitivo, combativo y letal a uno que ponga en el centro de la estrategia el bienestar, la seguridad ciudadana y los derechos de todas, todos y todas las personas.