La militarización directa e indirecta de la seguridad pública en México. Un análisis desde la perspectiva estatal

Resumen

El presente artículo discute la relación entre la práctica de la tortura y la militarización de la seguridad pública en México. En primer lugar, se analiza desde la perspectiva federal, comparando las probabilidades de las fuerzas armadas y las policías locales para cometer tortura durante las detenciones mediante modelos logísticos binomiales. Se utilizan datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021) para mostrar que el Ejército y las policías estatales y ministeriales presentan probabilidades más o menos similares de cometer tortura durante las detenciones. En segundo término, se presentan tendencias desagregadas de las policías estatales y ministeriales para identificar aquellas que cometieron tortura de igual manera o con mayor frecuencia que el Ejército. Por último, mediante regresiones se comprueba que la llegada de personal con antecedentes castrenses al cargo de secretario de Seguridad Pública aumenta las probabilidades de que las policías estatales cometan tortura. En términos generales, se muestra que México vive un proceso de militarización directa e indirecta de la seguridad pública que tiene un impacto social negativo al exponer a la población a abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas y las policías.

Palabras clave: militarización, policías, fuerzas armadas, policiación.

Abstract

This article discusses the relationship between the practice of torture and the militarization of public security in Mexico. First, it analyzes the issue from a federal perspective by comparing the probabilities that the armed forces and local police forces commit torture during arrests through binomial logistic models. Data from the 2021 National Survey of the Population Deprived of Liberty (ENPOL) are used to show that the Army and state and ministerial police forces present similar risks of committing torture during detentions. Second, disaggregated trends of state and ministerial police forces are presented to identify those that committed torture as frequently as, or more frequently than, the Army. Finally, regression models show that the arrival of personnel with military backgrounds to positions as Secretaries of Public Security increases the probability that state police forces commit torture. Overall, Mexico is experiencing both direct and indirect militarization of public security, with negative social consequences because the population is exposed to systematic abuses by the armed forces and police.

Keywords: militarization, police, armed forces, constabulary.

Texto completo

Introducción

México es un país que, a pesar de contar con un complejo entramado de instituciones responsables de la seguridad pública 2 , se encuentra sumido en una crisis de violencia desde hace más de una década. En 2023, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hubo 30,523 homicidios siendo el sexto año consecutivo en que superó los 30,000 casos.

2 Para brindar seguridad y justicia a los ciudadanos mexicanos existen dos tipos de instituciones policiales: preventiva y ministerial. Las fuerzas policiales preventivas trabajan para mantener el orden y prevenir el crimen. Las policías ministeriales investigan los delitos y trabajan en coordinación con las autoridades judiciales. Existen instituciones policiales en los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. A nivel federal existen dos instituciones policiales que operan en todo el territorio mexicano: la Guardia Nacional (antes de 2019 Policía Federal) y la Policía Federal Ministerial. Cada gobierno estatal cuenta con dos instituciones policiales: una preventiva y otra ministerial. En otras palabras, hay 64 instituciones policiales funcionando a nivel estatal, pero cada una sólo puede operar dentro de los límites estatales. Los municipios pueden tener su propia policía preventiva, pero no todos tienen el presupuesto y los recursos para hacerlo. Al cierre de 2021, se estimó por el Gobierno mexicano que existían alrededor de 1,800 instituciones policiales municipales.

En los últimos tres sexenios ha habido presidentes provenientes de partidos políticos con proyectos de nación distintos. Pese a sus diferencias ideológicas, todos han recurrido a la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para solucionar el problema de la violencia sin resultados exitosos.

Numerosas investigaciones, como se verá en el siguiente apartado, han señalado que la incursión de militares en el campo de la seguridad pública mexicano ha tenido un impacto negativo. Sin embargo, muchas de ellas se han concentrado en el periodo de Felipe Calderón y los primeros años del gobierno de Peña Nieto. En ese sentido hace falta analizar con detenimiento los cambios ocurridos en los años recientes, tomando en cuenta tres cuestiones principales.

En primer lugar, el surgimiento de la Guardia Nacional que fue creada a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que sustituye a la extinta Policía Federal. Desde el inicio, la institución ha estado controlada de facto por el Ejército e integrada en su mayoría por personal procedente de las fuerzas armadas, aunque en términos legales se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al respecto se ha discutido mucho sobre su adscripción y estructura, pero los análisis respecto a su desempeño aún son limitados.

En segundo lugar, se encuentra la extensión del tiempo de las fuerzas armadas realizando tareas de seguridad pública. Silva y Padilla (2022) y Padilla (2023) han advertido sobre una posible policiación del Ejército, es decir, una adaptación a las exigencias del campo de la seguridad pública reflejada en la disminución de violaciones a derechos humanos y la reducción de las prácticas de tortura. De este modo, es necesario conocer cómo han evolucionado las formas de actuación de las fuerzas armadas y qué tan distintas son a las de las policías, a través de análisis con mayor nivel de desagregación y datos más recientes.

En tercer lugar, relacionada con el punto anterior, la presencia de militares en el campo de la seguridad pública ha contribuido a que permearan las policías. Investigaciones como las de Zarkin (2023), Padilla (2022) y Padilla y Pérez Ricart (2023) han mostrado cómo la llegada de militares a puestos directivos de las policías contribuye al arribo de más militares a distintos puestos y posiciones dentro de las instituciones policiales, lo cual favorece su militarización; es decir, a la adopción de formas de operación similares a las fuerzas armadas. No obstante, poco se conoce aún sobre su impacto en las transformaciones de las policías.

Acorde con lo anterior, el objetivo general de la investigación que aquí se presenta es analizar los procesos de militarización directa e indirecta de la seguridad pública en México. Para ello, se utilizan datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021) que permite analizar la práctica de tortura durante las detenciones, y contrastarlas según se trate de fuerzas armadas o policiales, para responder a tres preguntas principales.

¿Qué tan distintas son las probabilidades de cometer tortura durante las detenciones de las policías y las fuerzas armadas?

¿Cuáles son las policías estatales, preventivas y ministeriales, con tendencias de tortura similares o mayores al Ejército?

¿Existe una relación entre la llegada de mandos militares a las policías y la práctica de tortura?

El artículo se estructura en seis secciones. Primero, recorre los estudios de la militarización de la seguridad pública en México y expone los principales elementos teóricos en los que se enmarca esta investigación. Segundo, el apartado metodológico detalla aspectos sobre la muestra de la encuesta, las variables utilizadas y las hipótesis planteadas. Tercero, presenta los resultados del comparativo entre las policías y las fuerzas armadas. Cuarto, desarrolla de forma desagregada la ocurrencia de tortura en las policías estatales, preventivas y ministeriales, comparándolas con el Ejército y la Marina. Quinto, analiza la evolución de la llegada de militares o marinos como Secretarios de Seguridad Pública Estatales y comprueba si su arribo se relaciona con la práctica de tortura en las detenciones. Finalmente, discute los hallazgos e identifica vetas de investigación futuras.

A continuación, se discute evidencia que pone de manifiesto un panorama de la militarización complejo, donde el Ejército parece estar disminuyendo su propensión a recurrir a la tortura durante las detenciones y la Guardia Nacional muestra probabilidades menores a las policías municipales. Sin embargo, a nivel estatal, un tercio de las policías preventivas y algunas ministeriales presentan igual o mayor recurrencia a cometer tortura durante las detenciones que el Ejército. A su vez se observa que, uno de los factores que implican la existencia de esa práctica es la llegada de mandos militares a las instituciones policiales. En conjunto, estos análisis apuntan a que la permanencia de las Fuerzas Armadas en el campo de la seguridad pública está alterando las formas de operación de las policías, dificultando su profesionalización a través de la vía civil y aumentando las probabilidades de que se violen derechos humanos.

Revisión de la literatura y marco teórico

El debate sobre militarización de la seguridad pública en México se reactivó pocos años después del sexenio de Felipe Calderón cuando una serie de investigaciones comenzaron a preguntarse sobre la relación entre el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el incremento del número de homicidios en México. Al respecto, Mendoza (2016) señala que la intensificación de las operaciones militares a partir de la identificación del tráfico de drogas como amenaza a la seguridad nacional derivó en la militarización de la seguridad interior que trajo afectaciones a las relaciones cívico-militares y la aplicación de un esquema altamente punitivo de operación. En ese sentido, Atuesta, 2018; Espinosa y Rubin, 2015; Escalante, 2011 y Merino, 2011 mostraron que el despliegue del Ejército ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón como consecuencia de la declaración de la guerra contra el narcotráfico fue una de las causas del aumento de la violencia, expresada en el incremento de homicidios.

Silva et. al. (2017) advirtieron que el uso excesivo de la fuerza letal es un patrón de comportamiento distintivo del Ejército mexicano al participar en enfrentamientos contra grupos criminales. Por su parte, Gaussens y Jasso (2020) argumentan que los militares también han estado involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas lo que representa graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Flores-Macías y Zarkin (2024) encontraron que la tasa de denuncias de abuso de derechos humanos contra agencias de seguridad federales aumentó entre 150% y 218% en el periodo 2000-2016 en los municipios donde los militares se involucraron en tareas de seguridad pública en comparación con los municipios sin presencia militar.

Algunas investigaciones han analizado la práctica de tortura durante las detenciones por parte de las fuerzas armadas y las policías. Magaloni, et. al. (2018) y Silva y Padilla (2019) coinciden en que tanto la Marina cómo el Ejército son más propensas a cometer tortura durante las detenciones. Por su parte el informe de Intersecta y Data Cívica (2024) titulado a(r)madas y letales, recurriendo a análisis de fuentes similares señala que la violencia física durante las detenciones es más recurrente en aquellas donde participaron miembros del Ejército o la Marina que en aquellas realizadas por policías. 3 En síntesis, varios estudios utilizando diferentes tipos de fuentes y perspectivas analíticas han llegado a conclusiones similares. El Ejército y la Marina al realizar tareas relacionadas con la seguridad pública actúan privilegiando una lógica de guerra; es decir, teniendo como prioridad la eliminación del enemigo, antes que el servicio y protección de las personas, lo que se ha traducido en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La militarización de la seguridad pública no es un fenómeno que se limita a la participación de las fuerzas armadas en responsabilidades propias de instituciones policiales, también existe una militarización indirecta; es decir, la transformación de las policías hacia lógicas de operación de tipo militar. (Hall y Coyne, 2013) En su análisis sobre la militarización de la seguridad pública en México, Morales y Pérez Ricart, (2014) reconocen la confluencia de los dos fenómenos proponiendo la siguiente definición:

“El vector resultante de dos procesos distintos: la constitución de las instituciones militares como actores centrales en el campo organizacional de las políticas de seguridad y, por el otro, la adquisición de lógicas militares tras la activación de mecanismos de cambio institucional isomorfo por parte de las otras organizaciones” Morales y Pérez Ricart (2014:14)

La definición plantea que la centralidad adquirida por el Ejército en el campo de la seguridad pública ha propiciado que las policías tiendan a imitar las formas de organización, adiestramiento, equipamiento y operación del Ejército. Al respecto, en años recientes han surgido un grupo de investigaciones que han dado cuenta de algunos cambios de las policías en esa dirección.

Padilla (2023) a través de la construcción de un índice de militarización operativa muestra que, durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y la primera mitad del gobierno de López Obrador varias policías estatales han desarrollado formas de operación similares al Ejército. Por su parte, Silva et. al. (2024) al analizar la fuerza letal en las fuerzas armadas y las policías mexicanas durante el periodo 2020 a 2022 señalan que las policías estatales se posicionan como las fuerzas de seguridad con la razón de letalidad más elevada después del Ejército.

Silva y Padilla (2020) utilizando Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL-2016) muestran que las probabilidades de tortura en las detenciones por parte del Ejército y las policías estatales (en conjunto) no son muy distantes. Este hallazgo apunta a que los miembros de algunas de esas policías torturan con la misma recurrencia o incluso más que el Ejército durante las detenciones.

Los resultados de las investigaciones referidas dan cuenta de que existe una serie de transformaciones en las policías locales, principalmente las estatales, que es necesario analizar con mayor detenimiento. Respecto a las causas de la militarización de las instituciones de seguridad pública Magaloni y Rodríguez (2020) argumentan que aquellas policías estatales que habían participado en operaciones conjuntas con las fuerzas armadas eran más proclives a cometer actos de tortura. Flores-Macías y Zarkin (2023) llegan a conclusiones similares al dar cuenta de que las quejas a derechos humanos por parte de la Policía Federal aumentaron en los municipios donde estuvo desplegada de manera conjunta con el Ejército.

La posible explicación detrás de esos resultados es que las fuerzas armadas, al llevar ya varios años desplegados en territorio nacional, han generado un intercambio de conocimiento con las y los policías que ha contribuido a su militarización, es decir, a la adopción de estrategias de operación similares a las del Ejército.

Además de los operativos conjuntos, los militares y marinos han permeado las instituciones policiales de distintas maneras. Las investigaciones de Alvarado y Zaverucha, 2010; Barrachina y Hernández, 2012; Grayson, 2013; Moloeznik y Suárez, 2012 alertaron acerca del arribo de mandos militares a puestos directivos de las instituciones de seguridad pública a los estados y los municipios más grandes del país a partir de que se inició la guerra contra el narcotráfico, sugiriendo que las instituciones a donde estaban llegado mandos castrenses pudieran estar experimentando procesos de militarización.

Zarkin (2023) argumenta que la preferencia por una política de seguridad pública militarizada a nivel federal ha resultado en nombramientos de jefes militares en instituciones de seguridad pública locales debido a que los niveles superiores de los gobiernos invitan a los inferiores, los presionan para que acepten o les imponen su estrategia para facilitar la colaboración gubernamental. Esto ha generado que el arribo de personas con antecedentes castrenses a puestos directivos de varias de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales sea un hecho que se repite constantemente en el país.

Padilla y Silva (2023) dan cuenta de que las probabilidades de que las policías dirigidas por militares disparen armas de fuego durante las detenciones son 50% mayores que las policías lideradas por civiles. Desde una perspectiva cualitativa, Padilla y Pérez-Ricart (2023) analizando algunas policías estatales muestran que la llegada de militares a puestos directivos en las instituciones de seguridad pública durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto propició el acomodo de más personal con antecedentes castrenses en puestos claves para la gestión y entrenamiento de las instituciones de seguridad pública, lo cual contribuyó a que desarrollaran formas de operación similares al Ejército en cuestiones como patrullajes, enfrentamientos contra grupos con alto poder de fuego, técnicas de contraemboscada, etc.

A su vez, Padilla (2022) muestra que también ha existido una llegada voluntaria de cientos de ex militares y/o marinos a las policías estatales que se incrementó a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto debido a que varios miembros de las fuerzas armadas en ese sexenio consideraron que las condiciones que les brindaba la institución eran menos favorables que las que les ofrecían las policías estatales. La llegada de ex militares a las policías también ha contribuido a reforzar las formas de operación de tipo militar.

Las investigaciones que han abordado la militarización indirecta en México han mostrado que existe evidencia que apunta a que algunas policías estatales han desarrollado formas de operación similares al Ejército. Una de esas causas que se ha identificado como relacionada es la existencia de operativos conjuntos donde participan policías y fuerzas armadas. Sin embargo, son escasas las investigaciones que analizan a través de técnicas estadísticas la relación entre la llegada de personal castrense a puestos directivos de las instituciones de seguridad pública y las formas de operación de las policías.

En síntesis, los trabajos sobre militarización de la seguridad pública en México muestran cómo se ha desarrollado tanto de manera directa como indirecta a través de la transferencia de saberes, prácticas, equipamiento e incluso personal entre las policías y las fuerzas armadas. En consecuencia, se requiere avanzar hacia estudios que puedan analizar la evolución en las formas de actuación tanto de las policías como de las fuerzas armadas de manera conjunta para tener conocimiento más preciso respecto de su evolución.

En los siguientes apartados se presenta un análisis respecto de la práctica de la tortura de las instituciones policiales y militares similares a algunos realizados anteriormente, pero con datos actualizados, así como revisados de forma desagregada con el fin de evaluar de manera conjunta los procesos de militarización directa e indirecta y discutir acerca de las consecuencias de ambos procesos tanto para las fuerzas armadas como para las instituciones policiales.

Metodología

La fuente de datos principal en la cual se basan los análisis que se presentan en los siguientes apartados provienen de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad en adelante (ENPOL 2021) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La encuesta ofrece información que permite analizar la práctica de la tortura por parte de los diferentes tipos de autoridades que intervienen en el campo de la seguridad pública en México.

La encuesta cuenta con una muestra de 61,449 observaciones que es representativa a nivel nacional y estatal para los centros penitenciarios. Una vez que se seleccionaron las variables de interés y se limpió la base se trabajó con una muestra de 55,190 casos para ejecutar los modelos logísticos binomiales.

Respecto al aspecto temporal, la mayoría de las detenciones de la encuesta se encuentran concentradas entre el 2021 y el 2015; aunque la base cuenta con registros de detenciones que hasta la década de los setentas. Acorde con lo anterior, los datos que se presentan permiten analizar principalmente el actuar de las policías y las fuerzas armadas durante los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Para la tercera parte del análisis centrada en los militares y marinos que llegan como Secretarios de Seguridad Pública a las policías estatales y su relación con la práctica de tortura, se utilizaron los casos de la ENPOL 2021 donde habían participado policías estatales entre los años 2006 a 2021, por lo cual la muestra se conformó con 6,898 casos.

Uno de los retos para estudiar la militarización de la seguridad pública es la disponibilidad de información sobre el desempeño de las instituciones. En ese sentido, la ENPOL 2021 es una fuente útil y confiable debido a que cuenta con datos, entre muchos otros temas, sobre las formas de actuación de las fuerzas de seguridad durante las detenciones que terminaron con la presentación de las personas ante las instituciones de justicia y posteriormente ingresaron a un centro penitenciario.

La ventaja de la utilización de esta encuesta radica en contar con una fuente con la cual realizar comparativos entre instituciones y también entre estados. No obstante, su principal limitación es que solo da cuenta de una pequeña parte de un universo más grande de prácticas que representan los abusos cometidos por militares y policías en sus encuentros con la población.

En consecuencia, los hallazgos que aquí se presentan deben ser interpretados considerando que se trata tan solo de uno de los escenarios posibles donde se dan esos encuentros. Esto implica que, algunas autoridades que aparezcan con un desempeño óptimo podrían estar cometiendo violaciones a derechos humanos en otros escenarios donde su actuación no es fiscalizada por ninguna autoridad.

Respecto a las variables utilizadas para el análisis, la ENPOL 2021 cuenta con un módulo de arresto en el cual es posible identificar información básica del detenido, la autoridad que realiza la detención, así como las agresiones que cometió. Con base en esa información fue que se construyeron un grupo de variables con las cuales se analizó la recurrencia y propensión tanto de las policías como de las fuerzas armadas a cometer actos de tortura durante las detenciones. En seguida se presenta una breve explicación de cómo se diseñaron y las hipótesis relacionadas con ellas.

Variable dependiente: tortura

La variable de tortura se construyó tomando en cuenta una serie de acciones dentro del módulo de arresto las cuales se considera que ocurrieron una vez que la persona detenida ya está bajo control de la autoridad, con ese aspecto se asegura evitar el problema de la estimación uso proporcional de la fuerza en la detención. Al asumir que la persona está bajo control de la autoridad ya no hay justificación para que exista ninguna forma de uso de la fuerza contra la persona detenida; por el contrario, cualquier acción que infrinja algún tipo de daño sobre el detenido es considerado un abuso y en algunos casos tortura. 4 Las acciones que se consideraron para la variable de tortura son: asfixia, quemadura, descargas eléctricas, aplastamiento, violación y lesiones en los órganos sexuales. Cada una de estas acciones es dicotómica (Sí/No) Para un análisis parsimonioso y de fácil interpretación se desarrolló una variable dicotómica que contempla las acciones referidas. Si existe alguna de las acciones referidas se considera que hubo tortura durante la detención. Por el contrario, si no se registró ninguna de esas agresiones se considera que no hubo tortura en la detención. Con esos criterios es posible afirmar que el 35% de las personas que respondieron la encuesta padecieron tortura posterior a la detención.

Variable independiente: tipo de autoridad

El tipo de autoridad corresponde a la variable independiente principal. Se trata de una variable categórica integrada por las fuerzas de seguridad, federales, estatales y municipales, operativos conjuntos, así como otras categorías residuales que agrupan pocos casos y que no son relevantes para este análisis.

De acuerdo con los resultados de la gráfica 2. Poco más del 70% de las detenciones son realizadas por policías locales, resalta el caso de las policías ministeriales que son las responsables de casi el 40% de los casos. En contraparte se encuentran el Ejército y la Marina que juntos no superan el 4% de las detenciones. En ese sentido, las detenciones como se viene mostrando desde la ENPOL, 2016, es una actividad que realizan en su mayoría las policías locales. Respecto al sexo de la persona detenida el 18.2% de los casos corresponden a mujeres y el resto a hombres, esto debido a que la representatividad está en función de la población carcelaria.

Dadas las tendencias referidas anteriormente con respecto al actuar de las fuerzas de seguridad en las detenciones se desprende la siguiente hipótesis.

Hipótesis 1. las fuerzas de seguridad federales (Ejército, Marina, Policía Federal, Guardia Nacional) serán más propensas a cometer tortura que las policías locales (estatales, ministeriales o de investigación y municipales).

Variables de control

Para el cálculo de las probabilidades de tortura se consideraron variables de control que dieran cuenta de diferentes factores que se reconocen como asociados con la práctica de tortura en las detenciones. En primer lugar, se consideró a nivel individual el sexo (hombre/mujer) de la persona detenida.

Hipótesis 2. Los hombres son más propensos a padecer tortura posterior a la detención que las mujeres.

A nivel situacional se consideró la resistencia al arresto a través de dos variables, defenderse (Sí/no) Intentar escapar (Sí/no). En 9.1% de los casos registrados en la encuesta las personas manifestaron haberse defendido y en el 8.2% haber intentado escapar.

Hipótesis 3. Las personas que hayan intentado escapar o se hayan defendido durante el arresto son más propensas a sufrir tortura posterior a la detención.

Esta hipótesis parte del supuesto de que el uso excesivo de la fuerza muchas veces es un recurso para imponer disciplina y respeto entre las personas con las que trata la policía, castigar a quien lo merece, en este caso a las personas que al resistirse de alguna forma al arresto dificultaron el trabajo de la policía. Algunas investigaciones que han abordado esas dinámicas de disciplinamiento o de uso expresivo de la fuerza por parte de las policías son: Birkbeck, & Gabaldón, 2002; Garriga, 2010; Fassin 2018.

En una tercera dimensión con respecto al contexto criminal se consideraron diferentes tipos de delitos, esto con el fin de incluir en el análisis el supuesto de que en las detenciones existirán distintos incentivos para que las autoridades recurran a la tortura y eso dependerá en gran medida del tipo de delitos con los que estén relacionadas. Hay ciertos tipos de detenciones que serán más difíciles de realizar por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, aquellas donde se enfrenten a personas con capacidad de fuego y entrenamiento para hacerles frente. También habrá detenciones que podrán resultar atractivas para obtener información o confesiones y otras donde opere un modelo predatorio, en el que las autoridades buscan extraer renta. (Belur, 2010; Gerber, & Mendelson, 2008; Silva y Padilla 2022) Considerando lo anterior, se seleccionaron cuatro tipos de delito para el análisis. Portación ilegal de arma de fuego, secuestro, homicidio y robo a casa habitación. Los dos primeros son considerados delitos con mayores incentivos para que las autoridades ejerzan tortura que los restantes.

Hipótesis 4. Las personas cuya detención esté relacionada con portación ilegal de arma de fuego o secuestro tendrán mayores probabilidades de padecer tortura que las personas detenidas por delitos comunes.

con registros obtenidos a través de solicitudes de información para conocer las personas que habían estado fungiendo como secretarios de seguridad pública de 2006 hasta 2023, sus nombres, su procedencia (civil o militar/marino) y el periodo que duraron en el cargo.

Con dicha información se pudo crear una variable que se agregó a la ENPOL la cual identifica si la detención ocurrió cuando el secretario de seguridad pública en turno era militar/marino o procedente de la vida civil. Los pormenores sobre estos datos se presentan en el apartado de resultados.

Hipótesis 5. Cuando las policías son dirigidas por personas con antecedentes castrenses, estas son más proclives a cometer tortura posterior a la detención que las policías dirigidas por civiles.

Resultados: la tortura desde la perspectiva federal

Los resultados de la gráfica 4, en términos generales muestran la tendencia esperada, los mayores porcentajes de tortura se concentran en las fuerzas armadas y va disminuyendo conforme se avanza hacia el nivel municipal. Los operativos conjuntos (fuerzas armadas + policías) presentan un porcentaje de los más elevados, lo que apunta en la misma dirección que las investigaciones de Magaloni y Rodríguez (2020) y Flores Macías y Zarkin (2023) al mostrar que cuando las policías actúan de forma conjunta con militares tienden a cometer más actos de tortura y a cometer más violaciones de derecho humanos.

El resultado que no cumple con la hipótesis planteada es la Guardia Nacional que aparece como la institución con menos casos de tortura, y se esperaría que apareciera con niveles similares a los del Ejército o a los de la Policía Federal, sobre todo si se considera que está integrada mayoritariamente por miembros del Ejército y es comandada de facto por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Es necesario indagar con mayor detalle las implicaciones de estos resultados, si bien reflejan apenas los primeros años de operación de la institución es importante el análisis de las instituciones castrenses desde la perspectiva de la policiación, pues investigaciones como las de Silva y Padilla (2022) y Padilla (2023) muestran cómo el Ejército ha logrado descensos importantes en indicadores que dan cuenta de violaciones a derechos humanos en algunos periodos recientes, lo que invita a profundizar en la capacidad de adaptación que podrían estar desarrollando las instituciones castrenses ante las exigencias del estado de derecho debido a su permanencia prolongada en tareas de seguridad pública.

Las variables de control muestran un comportamiento conforme lo esperado. 11% más de hombres padecieron tortura con respecto a las mujeres. El porcentaje de personas que se defendieron y padecieron tortura es 22 puntos mayor que las que no se defendieron, mientras que el porcentaje de las que intentaron escapar y padecieron tortura fue 13.4 puntos porcentuales mayor que aquellas que no se defendieron.

Los diferentes tipos de delitos también presentaron un comportamiento conforme lo propuesto en la hipótesis, los delitos como el secuestro y la portación ilegal de arma de fuego son los que tienen los porcentajes más elevados de casos de tortura, mientras que el homicidio y el robo a casa habitación muestran porcentajes menores.

Para verificar que las tendencias presentadas correspondan a asociaciones independientes entre las distintas variables explicativas con la tortura se realizaron cuatro modelos logísticos binomiales. Esta técnica resulta la más adecuada para los análisis que se desarrollan en esta oportunidad puesto que permite el control simultáneo de los factores asociados a la relación que se pretende establecer. De este modo, las tendencias descriptivas que se han señalado anteriormente pueden resultar confirmadas con mayor certeza o bien, puestas a consideración con más cautela. Asimismo, este tipo de estimación constituye el tipo de regresión más parsimoniosa a los efectos de contrastar una misma variable dependiente que asume dos posibles resultados, en función de un conjunto de determinantes que es de esperar influyan de manera diferenciada.

El modelo 1 que contempla únicamente al tipo de autoridad presenta razones de momios que confirman lo sugerido por los datos descriptivos. Las probabilidades de todas las autoridades de cometer tortura son mayores respecto de las policías municipales (categoría de referencia), excepto la Guardia Nacional, cuya razón de momios muestra que su probabilidad de cometer tortura con respecto a las policías municipales es menor.

En el modelo 2, las razones de momios se mantienen casi igual en el tipo de autoridad, la variable sexo confirma la hipótesis sugerida al mostrar que los hombres tienen más de probabilidades de padecer tortura que las mujeres.

En el modelo 3, las variables tipo de autoridad y sexo se mantienen con resultados más o menos similares a los de los otros dos modelos. Las variables de defenderse y escapar confirman las hipótesis planteadas, ambas están asociadas de manera independiente con la tortura; no obstante, defenderse tiene una asociación mucho más fuerte.

En el modelo 4, con la incorporación de los tipos delictivos los coeficientes de las categorías correspondientes al tipo de autoridad presentaron bajas considerables. Destaca el resultado de secuestro que presenta la razón de momios más alta de todo el modelo, lo que apunta a que, si bien el tipo de autoridad es importante para analizar la práctica de tortura en las detenciones, será necesario realizar análisis futuros que consideren interacciones entre tipos de autoridades y delitos específicos para lograr un conocimiento más preciso de los determinantes de la tortura.

Retomando el análisis del tipo de autoridad, es decir, la variable independiente principal, se calcularon las probabilidades estimadas manteniendo el resto de las variables en sus valores promedio.

La gráfica 7 muestra como las probabilidades que las policías municipales cometan tortura posterior a las detenciones es de un 33% mientras que la de la Marina es de un 54% Resalta el hecho de que las probabilidades de que la Guardia Nacional cometa tortura posterior a una detención es de 24%, nueve puntos porcentuales por debajo de las policías municipales.

Para los objetivos de esta investigación el resultado más interesante se encuentra en la comparación entre las policías estales, las ministeriales y el Ejército, las cuales son muy similares, lo que sugiere que algunas policías pueden estar cometiendo tortura de igual manera o incluso de manera más recurrente que el Ejército.

La práctica de la tortura en las policías estatales preventivas y ministeriales

Continuando con el análisis0, la gráfica 8 muestra de forma desagregada los casos de tortura en las detenciones donde participaron las policías ministeriales o de investigación. Si se observa de izquierda a derecha se tiene un primer grupo que va desde Durango hasta Zacatecas que tiene porcentajes de tortura de menores a 30 puntos, es decir, relativamente bajos. Posteriormente se encuentra un segundo grupo que va de Chihuahua hasta Quintana Roo, donde tienen porcentajes de tortura entre 31 y 40%. Le sigue un grupo que comienza en Jalisco y que termina con Chiapas el cual tiene porcentajes entre el 41 y el 50%, este último grupo es el que más se acerca a las tendencias del Ejército. Destacan las policías de Guerrero y Michoacán las cuales presentaron porcentajes por encima del Ejército, pero casi 10 puntos porcentuales debajo de la Marina.

Los resultados sugieren que alrededor de 4 policías de investigación recurren a la tortura de manera similar al Ejército, y que existe una variación considerable entre las instituciones de las distintas entidades. Si se comparan los porcentajes de casos de tortura de las policías ministeriales con las policías estatales “preventivas”, observamos que en términos generales los valores de las últimas son mucho más elevados.

La gráfica 9 para su interpretación puede ser dividida en tres grupos. El primero, de izquierda a derecha, que contempla un grupo de 14 estados de Durango hasta Colima, (casi la mitad de las entidades) los cuales comparten el hecho de que sus porcentajes de tortura son menores al 40%. El segundo, que va desde el Estado de México hasta Veracruz, se trata de un grupo de diez entidades las cuales presentaron porcentajes de tortura entre 40 y 48% cercanos o similares a los del Ejército.

El tercer grupo, integrado por ocho entidades, comienza con Aguascalientes y termina en el extremo izquierdo de la gráfica, Son las policías estatales con los porcentajes más altos de tortura en las detenciones, todas ellas por encima del Ejército, destaca el caso de la Policía de Coahuila que presenta una recurrencia de tortura casi 4 puntos porcentuales mayor que la Marina.

Ese último resultado marca la principal diferencia con las policías de investigación, donde apenas un par de instituciones superaron el porcentaje de casos del Ejército, en cambio las policías estatales son casi una decena. En ese sentido, los datos sugieren que la recurrencia a la tortura es mayor en las policías estatales preventivas que en las policías de investigación.

Las posibles causas relacionadas con estas tendencias son variadas; sin embargo, para cumplir con los propósitos de esta investigación el análisis se centrará en un proceso que casi todas las policías estatales del país han experimentado en las últimas dos décadas, la llegada de personal con antecedentes castrenses (haber sido militar o marino) a puestos directivos de las instituciones de seguridad pública. El análisis se centra solo en las policías estatales y no en las de investigación ya que de acuerdo con los datos recabados la llegada de personas de procedencia militar a las Fiscalías estatales en años recientes es mínimo 6 .

La llegada de personal procedente de las fuerzas armadas a las instituciones de seguridad pública estatal y la práctica de la tortura

La gráfica 9 muestra cómo la llegada de personal con antecedentes castrenses a las Secretarías de Seguridad Pública del nivel estatal comenzó a aumentar considerablemente durante el sexenio de Felipe Calderón. En 2011, un año antes de que culminara su sexenio se alcanzó el máximo registrado, la mitad de las entidades del país estaban dirigidas por Secretarios de Seguridad Pública procedentes de las fuerzas armadas 7 .

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se mantuvo una tendencia de alrededor de un tercio de las entidades del país con Secretarios de procedencia militar. En 2019, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador comienza a descender ese número para posteriormente repuntar y llegar en 2023 cerca del máximo histórico con catorce Secretarios de Seguridad Pública procedentes de las fuerzas armadas al frente de instituciones estatales.

La presencia de personal con antecedentes castrenses al frente de las instituciones de seguridad pública al interior de las entidades es alta. En 16 años, al menos, la mitad de las policías estatales del país han tenido por lo menos tres Secretarios de Seguridad Pública procedentes de las fuerzas armadas, algunas incluso el doble.

Si bien el número de Secretarios de Seguridad Pública procedentes de las fuerzas armadas es un indicador útil para dar cuenta de la llegada de personal con antecedentes castrenses a puestos directivos de las instituciones de seguridad pública, para analizar las transformaciones institucionales de las policías es necesario conocer el tiempo de permanencia en el cargo, con el fin de realizar inferencias más precisas sobre las posibilidades que han tenido para transformar las instituciones.

En ese sentido, la gráfica 12 muestra una barra, para cada entidad, que representa el periodo de análisis que es de 16 años. La barra aparece azul representando el porcentaje de ese periodo de tiempo que la institución estuvo dirigida por Secretarios de procedencia civil. En contraparte, el color verde representa el porcentaje del periodo analizado en que las Secretarías estuvieron dirigidas por personal con antecedentes castrenses 8 .

La gráfica 12 muestra tres grandes grupos. El primero conformado por los estados de Yucatán hasta Ciudad de México, se trata de 13 entidades que no tuvieron militares en el periodo analizado o que el tiempo máximo que estuvieron ronda los 4 años. Posteriormente continúa el grupo de entidades entre Quintana Roo y Zacatecas que comparten el hecho de que el personal de las fuerzas armadas ha dirigido las Secretarias entre 5 y 8 años. Finalmente, un grupo de 4 entidades Tamaulipas, Aguascalientes, Colima y Guerrero, donde los militares han permanecido entre 9 y 12 años.

En síntesis, los datos presentados sobre el personal de procedencia castrense que han estado al frente de las Secretarias de Seguridad Publica a nivel estatal muestran que en los últimos dieciséis años ha sido una práctica recurrente. Además, su tiempo de permanencia es notorio en la mayoría de los casos. Dieciocho instituciones de seguridad pública a nivel estatal han estado dirigidas por personal de procedencia castrense cinco años o más. Por lo tanto, hay evidencia de que su llegada ha sido constante y que el tiempo de duración en el cargo ha sido el suficiente como para influir de manera significativa en la manera de operar de las policías estatales.

Con el fin de evaluar su impacto en relación con la práctica de tortura se utilizó la ENPOL 2021 y se le agregó una variable que integrara la información antes presentada sobre la procedencia de los Secretarios. En ese sentido, se identificó la fecha de la detención (mes/año) y se le asignó un valor de acuerdo con el tipo de Secretario (civil = 0 / castrense =1). Solo se consideraron los casos donde la autoridad identificada en la detención fuera policía estatal. Con dichos criterios se logró asignar valores a 6,898 casos. 9 Los resultados del cruce de variables de la procedencia del Secretario con la ocurrencia de tortura posterior a la detención nos arrojan una primera evidencia para inferir que existe una asociación entre ambas variables (ver gráfica 13). El porcentaje de casos de tortura con Secretarios de procedencia castrense es casi 7 puntos porcentuales mayor que el de Secretarios de procedencia civil.

Para verificar si el resultado de variables se trata de una asociación independiente estadísticamente significativa se realizaron cuatro modelos logísticos binomiales donde la variable independiente principal fue tipo de Secretario y la variable dependiente fue tortura. Como variables de control se seleccionaron las mismas que para los modelos anteriores cuando se abordó la propensión a la tortura por tipo de autoridad a nivel federal.

Los resultados del modelo muestran que existe una asociación independiente entre la variable tipo de secretario y la variable de tortura. De manera más específica es posible afirmar que cuando el Secretario es de procedencia castrense será más probable que se cometa tortura en una detención que cuando la policía es dirigida por un Secretario de procedencia civil, confirmándose la hipótesis sugerida. No obstante, otro de los hallazgos más importantes es que las razones de momios de casi todas las demás variables incluidas en los modelos presentaron una asociación mucho más fuerte. En el modelo 4 la variable de robo a casa habitación no resultó estadísticamente significativa, a su vez es importante destacar que la significancia estadística de la variable dependiente principal (tipo de Secretario) se mantiene, pero relajando los criterios de confianza. En el siguiente apartado se discuten las implicaciones de los resultados hasta aquí presentados.

Discusión

Los resultados presentados en los apartados anteriores representan un aporte significativo para los estudios sobre la militarización de la seguridad pública en México al reevaluar hipótesis planteadas por investigaciones previas, pero con datos más recientes y al avanzar en el análisis subnacional de la tortura considerando el desempeño de las policías estatales y las de investigación.

Con respecto a la primera pregunta de investigación, ¿Qué tan distintas son las probabilidades de cometer tortura durante las detenciones de las policías y las fuerzas armadas? Los resultados de los modelos logísticos fueron similares a los de Silva y Padilla 2020 al analizar la ENPOL 2016. Existe una relación independiente y estadísticamente significativa entre el tipo de autoridad y la práctica de tortura. Todas las autoridades presentan una propensión mayor de tortura a las policías municipales. La Marina continúa en niveles mucho más elevados de propensión de tortura que el resto de las autoridades, aunque es importante recordar que es la que menos detenciones realiza. La excepción a esa tendencia fue la Guardia Nacional que apareció con probabilidades por debajo de las policías municipales. Se trata de un resultado no esperado que obliga a plantear nuevas hipótesis de trabajo. Es importante analizar si las bajas probabilidades de cometer tortura se deben a un entrenamiento adecuado o son consecuencia de un alejamiento y desinterés por atender esos procesos.

Respecto a la segunda pregunta, ¿Cuáles son las policías estatales, preventivas y ministeriales, con tendencias de tortura similares o mayores al Ejército? El análisis desagregado permitió mostrar que existen varias policías que practican la tortura de manera tan recurrente cómo el Ejército. Para el caso de las policías estatales destacan los casos de Coahuila y Guerrero. En cuanto a las policías ministeriales destacan los casos de Guerrero y Michoacán.

Es importante mencionar que las policías estatales presentaron una tendencia más marcada hacia la práctica de tortura que las policías ministeriales. Los resultados sirven como base para plantear nuevas discusiones respecto a la militarización de la seguridad pública. En primer lugar, pone de manifiesto que varias policías estatales tanto preventivas como de investigación practican la tortura en las detenciones con igual o mayor frecuencia que el Ejército. En ese sentido, al pensar en fortalecer las policías por la vía civil para que así las fuerzas armadas reduzcan su participación en el campo de la seguridad pública se deben contemplar alternativas de monitoreo, control y sanción de las policías de lo contrario, se seguirán desarrollando policías con menos recursos, pero con capacidades similares para violar los derechos humanos que las fuerzas armadas.

En segundo lugar, es necesario avanzar en el análisis del uso de la fuerza a nivel subnacional para identificar entidades y regiones que ofrecen condiciones para la práctica de la tortura. Es decir, los resultados muestran que existen entidades donde las policías que ahí operan presentan porcentajes similares de tortura en las detenciones, como Durango donde tanto la policía estatal como la ministerial presentan porcentajes bajos de tortura. En contraparte Guerrero, una de las entidades que tiene los porcentajes de tortura más altas en ambas instituciones. Ese tipo de casos sugieren que existen ciertos factores en la entidad que pudieran explicar esas similitudes, es decir, condiciones en el gobierno o de tipo contextual que propician que en ciertas entidades las instituciones que ahí laboran tiendan a torturar de manera recurrente e incluso sistemática.

Por el contrario, existen entidades como Michoacán donde los resultados apuntan a que las policías actúan de manera diferenciada. Por un lado, la policía estatal presenta porcentajes de casos de tortura menores al Ejército, mientras que la policía de investigación es la que más casos de tortura acumula. En esos casos resulta interesante investigar qué motivaciones hay detrás de las instituciones para recurrir a la práctica de tortura.

En relación con la tercera pregunta ¿Existe una relación entre la llegada de mandos militares a las policías y la práctica de tortura? El análisis arroja una serie de resultados interesantes. En primer lugar, destaca el hecho de que en años recientes la llegada de militares y marinos a ocupar puestos directivos en las Fiscalías es mínimo. En consecuencia, resulta de interés para futuras investigaciones indagar cuáles son los factores que han inhibido su llegada a esos puestos.

Respecto a las policías estatales la información recabada da cuenta de que la llegada de militares y marinos a puestos directivos es recurrente y que han permanecido tiempo suficiente al frente de las instituciones para lograr transformaciones significativas. A su vez, el hallazgo principal de este trabajo es el relacionado con la confirmación de la hipótesis de que las instituciones de seguridad pública dirigidas por personal proveniente del Ejército o la Marina aumenta la probabilidad de tortura durante las detenciones respecto de aquellas instituciones que son dirigidas por civiles.

Este hallazgo se corresponde con el de investigaciones como las de Padilla y Pérez Ricart (2023) y Padilla (2022) que habían sugerido que la llegada de personal con antecedentes castrenses a las instituciones de seguridad pública propicia el desarrollo de prácticas formales e informales de transmisión del conocimiento militar.

Es necesario considerar que el arribo de personal castrense a puestos directivos de las instituciones de seguridad pública además del riesgo para los derechos humanos representa el fortalecimiento del militarismo, entendido como la capacidad de influir en las políticas de Estado más allá de los temas de seguridad y defensa (Arana y Anaya, 2020). Por lo tanto, una persona que funge como Secretario de Seguridad Pública no solo tiene facultades para conducir la política de seguridad, sino que también le permite participar en la vida política de la entidad, en diferentes encuentros y espacios donde podrá emitir su opinión. En ese sentido, la normalización de la presencia militar en ese tipo de puestos puede contribuir a que los militares y marinos contiendan a cargos de elección popular y con esto seguir fortaleciendo el camino de unas relaciones cívico-militares donde los últimos tengan cada vez más poder y control.

Retomando los hallazgos de los modelos logísticos (ver cuadros 1 y 2), merece la atención, que tanto en los primeros cuatro donde se comparan tipos de autoridades, como en los últimos donde se analiza la relación entre procedencia de Secretarios y tortura, los tipos delictivos principalmente el secuestro y la portación ilegal de arma de fuego aparecieron como una variable con una fuerte asociación con la tortura. Sobre el particular será necesario repensar nuevos modelos que propongan distinciones y/o consideren interacciones entre tipos delictivos y tipos de autoridades o se realicen análisis tomando a los tipos delictivos como variables dependientes principales. Si bien el tipo de autoridad y la procedencia de los Secretarios son variables suficientes para que explicar la práctica de tortura durante las detenciones es importante tomar en cuenta otros aspectos si lo que se pretende es buscar alternativas para su reducción y control dentro de las fuerzas de seguridad.

Con respecto a los datos y los análisis presentados vale la pena señalar que deben ser considerados como un primer intento por probar la hipótesis que varias investigaciones venían sugiriendo con respecto a la llegada de militares y marinos a las instituciones de seguridad pública. Los datos de la ENPOL no ofrecen suficientes casos para realizar análisis de la práctica de tortura o del uso de la fuerza por entidad y distinguiendo por tipo de autoridad. Además, debemos considerar que los datos solo permiten dar cuenta de la experiencia de personas que terminaron recluidas. En ese sentido, sigue existiendo un reto importante de generación de análisis que partan de otras fuentes de información que puedan dar cuenta de abuso policial o tortura en otras poblaciones, situaciones y contextos, así como su relación con la militarización de la seguridad pública.

Conclusiones

Los hallazgos aquí presentados dan cuenta de que la Marina sigue siendo la institución con mayores probabilidades de cometer tortura durante las detenciones. Por su parte el Ejército es el segundo lugar. Destaca el papel de la Guardia Nacional al mostrar las probabilidades más bajas de tortura de todas las autoridades. Ese hallazgo sin duda fue inesperado y resulta una invitación a profundizar en las formas de capacitación y actuación que está desarrollando dicha institución.

Al desagregar los casos de tortura a nivel estatal es posible observar que existen varias policías estatales y ministeriales que cometen tortura igual o de forma más frecuente que el Ejército. Si bien las tendencias responden a diversos factores, en el artículo se profundizó en la llegada de personal con antecedentes castrenses a fungir como Secretarios de Seguridad Pública demostrando que aumenta las probabilidades de las policías estatales de cometer tortura.

La llegada de personal con antecedentes castrenses a puestos directivos de las instituciones policiales no solo tiene implicaciones para las formas de operación de las policías, sino para el desarrollo de las relaciones cívico-militares. Mientras más militares y marinos arriben a las policías estatales y se desempeñen como funcionarios públicos en las entidades mayor será la probabilidad de que arriben a puestos de elección popular y aumenten su capacidad de influencia política dentro del Estado mexicano.

En síntesis, el artículo muestra que el proceso de militarización directa e indirecta de la seguridad pública en México continúa avanzando y que es importante considerar el desarrollo que han tenido las policías que operan a nivel estatal y el impacto negativo que han generado al practicar la tortura de manera frecuente sobre la población. En ese sentido, las alternativas a la militarización de la seguridad pública no solo deben considerar restringir la actuación de las fuerzas armadas en territorio doméstico, sino que se deberán considerar mecanismos para la supervisión de las policías, de lo contrario la práctica de la tortura continuará siendo frecuente e incluso sistemática por parte de las fuerzas de seguridad.